El Decreto de Necesidad y Urgencia que habilita la extinción de dominio fue el puntapié inicial de la estrategia del oficialismo. Qué piensan los argentinos sobre el trabajo de Macri.
En diciembre de 2015, en su primer y breve discurso de apenas 29 minutos ante la Asamblea Legislativa, el flamante presidente Mauricio Macri prometió la unión de los argentinos, “sacar el enfrentamiento del centro de la escena” y uno de los tramos más aplaudidos fue cuando se refirió a la lucha contra la corrupción: “Voy a ser implacable con aquellos que, de cualquier partido, sean propios o ajenos, dejen de cumplir lo que señala la ley. No habrá tolerancia con esas prácticas abusivas, no hay principio ideológico que pueda justificarlas. Los bienes de la Argentina son para todos los argentinos y no para el uso incorrecto de los funcionarios”.
En enero de 2019, el gobierno de Cambiemos se encuentra en “modo electoral” y se pone nuevamente a la ofensiva en cuestiones vinculadas a la corrupción, reinstalando el tema en la agenda pública. En efecto, junto con el miedo al retorno de CFK y la lucha contra la inseguridad, la corrupción es el tercer issue o eje discursivo del oficialismo. Esto explica la polémica sanción del DNU sobre la extinción de dominio, pero más allá del debate acerca de la utilización correcta o incorrecta de los DNU, lo que se pone de manifiesto es la intención de que la campaña gire sobre temas no económicos, talón de Aquiles de la coalición gobernante.
¿Dónde se encuentra Argentina en el mapa de la corrupción mundial?
El Índice de Percepción de la Corrupción 2017 (IPC), de Transparency International, mide la percepción de la corrupción en el sector público, empleando una escala de cero a 100, en la cual cero equivale a muy corrupto y 100 a muy transparente. En un ránking de 180 países, este año los primeros puestos fueron para Nueva Zelanda (89 puntos) y Dinamarca (88). En los últimos puestos se ubicaron Siria, Sudán del Sur y Somalia con puntuaciones de 14, 12 y 9 respectivamente.
El IPC concluyó que más de dos tercios de los países obtienen una puntuación inferior a 50, y que la puntuación media es de 43. La región con mejor desempeño es Europa Occidental, con una puntuación media de 66; las regiones peor posicionadas son África Subsahariana (promedio de 32) y Europa del Este y Asia Central (promedio de 34). El promedio de América es de 44,19.
La Argentina, con 39 puntos, se ubica en el puesto 85 del mundo y en el puesto 16 entre los 31 países de América del Sur y del Caribe. Y si bien escaló 10 puestos respecto de la medición anterior, sigue estando en el grupo de los países corruptos a altamente corruptos y por debajo del promedio global y regional.
En realidad, todos los países que integran la región pertenecen a este grupo, se encuentran en rojo, a excepción de Uruguay, Chile y Costa Rica, que son percibidos como altamente transparentes. Uruguay se ubica primero en la región en términos de transparencia, en el puesto 23 del ranking global, con 70 puntos. En contraposición, Venezuela con apenas 18 puntos en la escala de transparencia, se ubica en el puesto 169 de 180.
En cuanto a la evolución del IPC para Argentina, se observa una mejora durante el gobierno de Cambiemos, puesto que en las mediciones entre 2012 y 2014 el país obtuvo alrededor de 35 puntos; en 2015 consiguió su peor puntaje, 32 y en cambio, en 2016 mejoró 4 puntos (36) y continúa haciéndolo en 2017, alcanzando los 39 puntos.
Pero, ¿cuál es la importancia que le otorgan los ciudadanos a la corrupción como principal problema del país? ¿La consideran una prioridad? A nivel nacional, según los datos del último Humor Social y Político que realizamos mensualmente junto con DAlessio-Irol, la corrupción preocupa a 4 de cada 10 argentinos. Se ubica, así, en el octavo puesto en el ránking de problemas a resolver prioritariamente.
Más precisamente, la corrupción alcanza al 38% y produce indignación en ambos lados de la grieta, diferenciándose al momento de especificar quiénes son los involucrados. En efecto, que queden sin castigar los actos de corrupción del gobierno anterior sigue siendo uno de los temas a resolver para el 65% de los partidarios de Macri en 2015, mientras que la mitad de los que votaron a Scioli pone la lupa en la posible corrupción del gobierno actual. (Datos correspondientes a la medición de diciembre realizada en forma online a 1.355 encuestados mayores de 18 años de todo el país.)
A nivel regional, según la última medición del Latinobarómetro, realizado entre el 15 de junio y el 2 de agosto de 2018, los encuestados de 18 países de América Latina mencionan a la corrupción, junto con la situación política, como el tercer principal problema a resolver en la región, con del 9% de las menciones; después de la economía, con el 35% y la delincuencia, con el 19%.
Al analizar el problema país por país, en los tres primeros puestos se encuentran: Colombia con 20%; Perú, 19%; y Brasil, 16%. Sin embargo, ni en Uruguay ni en Venezuela la corrupción representa un problema ya que sólo la mencionan el 1% de los consultados. Argentina aparece con el 3%, junto con El Salvador. “La Argentina es un país que ha tenido una larga historia de corrupción en sus instituciones públicas como ha quedado consignado en informes anteriores de Latinobarómetro. Sin embargo, en el año 2018, este problema país no aparece como relevante, ya que está opacado por la crisis económica actual”, se expresa en esta nueva edición.
Sin embargo, independientemente del lugar que ocupe la corrupción como principal problema a resolver, la percepción de su aumento persiste: mientras que en la medición anterior un 62% de los latinoamericanos decían que la corrupción había aumentado, en 2018 este porcentaje crece a 65%. Es más, en sólo en uno de los 18 países que participan de la medición, Honduras, el porcentaje está por debajo del 50%. En cuanto a Argentina, el 56% de los consultados considera que la corrupción aumentó respecto del año pasado.
Se preguntó por el grado de acuerdo/desacuerdo con la siguiente frase: “Se puede pagar el precio de cierto grado de corrupción, siempre que se solucionen los problemas del país” y como respuesta obtuvimos que 5 de cada 10 latinoamericanos estarían dispuestos a pagar ese precio. Entre los menos dispuestos, estarían Chile, Uruguay y Brasil, con 33,9%, 39,2% y 40,6%, respectivamente; y entre los más dispuestos, República Dominicana y Honduras, con 73,9% y 69,8%. En cuanto a la Argentina, la tolerancia a la corrupción fue creciendo: en 2012, sólo 2 de cada 10 argentinos estaba dispuesto a pagar este precio, pasando a 3 de cada 10 en 2016 y terminando en 5 de cada diez argentinos en esta última medición.
En cuanto al desempeño de los gobiernos latinoamericanos en la lucha contra la corrupción pública, el promedio regional demuestra la insatisfacción de la ciudadanía en la materia, ya que casi el 53% afirma que la actuación es mala (muy mala 18,45 y mala 34,2%), contra un tercio que opina lo contrario (muy buena 5,9% y buena 26,5). El 15,2 % restante no tiene la suficiente información como para opinar acerca de este tema. Entre gobiernos mejor evaluados se encuentran Ecuador, Nicaragua y Honduras, todos con balance positivo, 29,5%, 26,5% y 22,9% respectivamente. Entre los peores, aparece Brasil en primer lugar con balance negativo de casi 71%, seguido por Chile, con -47,8% y Venezuela, con -43,6%.
Respecto de la actuación del gobierno de Mauricio Macri en la lucha contra la corrupción pública, el 15,9% la evalúa como muy mala; el 29,3% mala; en tanto que para un 29% está actuando bien y, para un 8,3%, muy bien en la materia. Al igual que el promedio regional, también es alto el porcentaje de quienes no pueden calificar su desempeño por no contar con los datos suficientes: 17,5%.
Acerca de la percepción de quiénes son los actores políticos y sociales involucrados en actos de corrupción, para el 51% de los latinoamericanos “todos o casi todos” los parlamentarios están involucrados; el 50% cree que lo están los presidentes y el 47%, los concejales y el gobierno local. Entre los actores sociales considerados como no involucrados por la mayoría de los encuestados de la región se encuentran los líderes religiosos, con el 57%, los empresarios, con 53% y los empleados públicos, con 51%.
Haciendo foco en los presidentes y sus funcionarios, sólo en tres países su población cree que están minoritariamente involucrados en actos de corrupción: Uruguay (26%), Costa Rica (29%) y Chile (32%). En el resto de los países de la región la mitad o más de la mitad cree lo contrario y Argentina no escapa a esta percepción, con el 53%.
Para concluir, el tema de la corrupción no pasa desapercibido para los argentinos, según el Latinobarómetro, el 56% considera que ha aumentado, pero queda evidentemente relegado como problema prioritario a resolver en el país. Es preocupante la percepción que tiene el 53% de los ciudadanos acerca de que el presidente Macri y sus funcionarios estarían involucrados en actos de corrupción y que el 45% considere malo el desempeño del gobierno de Cambiemos en la lucha contra la corrupción pública.
¿Estará bien encaminada la estrategia electoral de Cambiemos al poner a este tema como eje de campaña? ¿Alcanzará, sumada al miedo al retorno populista y la inseguridad, para compensar las penurias económicas que experimentan la enorme mayoría de los argentinos, incluyendo a los que votaron por Cambiemos? Al menos reconocer su existencia y su importancia es sin duda el primer paso y la incorporación de propuestas anticorrupción en las plataformas electorales deberían tener como objetivo cambios estructurales, demostrando que existe un compromiso a largo plazo para combatirla.
Publicado por TN el 27/01/2019
