HERNAN DE GONI Director Periodístico
A lo largo de su primer año de gestión, Mauricio Macri recibió cuestionamientos desde algunos sectores empresarios y economistas más ortodoxos por haberse mostrado demasiado flexible ante los conflictos que podían comprometer el rumbo trazado el 10 de diciembre. Bajo el paraguas del gradualismo fiscal, el Poder Ejecutivo aceptó borrar las promesas iniciales de bajar el gasto público. Hubo fondos adicionales para las provincias, los jubilados, los beneficiarios de planes sociales, los consumidores (por el mantenimiento de un mayor nivel de subsidios en las tarifas) y los gremios. Todo fue concedido en nombre de la gobernabilidad.
En el arranque del tercer mes del año, la actitud que muestra la Casa Rosada es diametralmente opuesta. En febrero del año pasado, Buenos Aires aceptó dar un aumento a los docentes de 34%, porcentaje que parecía suficiente para acolchonar los efectos de la devaluación en los precios. El costo fue relevante (la provincia había recibido financiamiento de la Nación para poder pagar los aguinaldos) pero importaba más la señal de normalidad: empezar sin los paros docentes que habían atormentado a Daniel Scioli. Hoy, la oferta que defiende María Eugenia Vidal y también los ministros de Macri, es empatar a la inflación. Cumplir la meta fijada de 17% se volvió más relevante que enfrentar un clima social caldeado, al que se sumará también la marcha de la CGT. La razón de este cambio de actitud es básicamente política: el Gobierno se plantó en una posición que comparte su electorado natural, porque quiere garantizarse en octubre el 34% que votó a Macri en primera vuelta. Veamos: para 60% de los votantes de Cambiemos, la huelga de los docentes es `injusta`, en tanto un 29% considera a la medida justa pero exagerada, según un relevamiento de D´Alessio IROL. Incluso 49% de los consultados está a favor de fijar algún tipo de límite a los paros docentes. El pensamiento del oficialismo está claro. Habrá que ver cómo le va en esta apuesta.
