Cualquier reforma de la carta orgánica de la autoridad monetaria debería contemplar su independencia y apuntar a asegurar la estabilidad de la moneda
Un reciente sondeo de opinión pública realizado por la consultora D´Alessio-Berensztein indicó que apenas el 2% de la población entiende que la responsabilidad sobre la inflación recae en el Banco Central (BCRA), nuestra autoridad monetaria, mientras que la mitad de los consultados creen que es culpa de empresarios y comerciantes que remarcan precios. Esta particular concepción puede explicar el amplio apoyo con el que la sociedad recibió, según la misma encuesta, el programa de medidas de abril que contempló la extensión de los `precios cuidados`, ahora llamados `precios esenciales`, aunque esté demostrado que los controles de precios nunca sirvieron para terminar con la inflación.
Lo expuesto da cuenta de la importancia de hacer docencia sobre el papel del BCRA, que pasa justamente por preservar el valor de nuestra moneda.
En el documento de las 10 propuestas para el diálogo y el consenso elaborado por el gobierno nacional, se propicia `sostener un Banco Central independiente que combata la inflación hasta llevarla a valores similares a los de países vecinos`. Meses atrás y antes de esto se había hecho saber que en ámbitos oficiales se trabajaba en un proyecto de reforma de la carta orgánica de la entidad. Seguramente, cuando se tomó esta iniciativa, se pretendía remediar la frustrante imagen expuesta en aquella reunión de prensa del 28 de diciembre de 2017 en la que el presidente de la entidad monetaria se mostró dependiente del jefe de Gabinete. Está claro ahora, y eso es bueno, que el propósito es volver a darle plena independencia al Banco Central y focalizarlo en preservar la estabilidad monetaria. Así era hasta 2012, cuando fue modificada su carta orgánica mediante la ley 26.739, impulsada por el kirchnerismo. En aquellos tiempos corrían vientos fuertemente intervencionistas que no se conformaban con un rol único y específico, que había sido hasta entonces `preservar el valor de la moneda` (Art. 3° de la ley 24.144, de1992).
La modificación de 2012 no respetó el sano principio de la independencia. El artículo 3° de la carta orgánica que antes decía que en la formulación y ejecución de la política monetaria y financiera `el Banco Central no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional`, fue modificado durante el gobierno de Cristina Kirchner por el siguiente texto: `El banco tiene por finalidad promover en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social`. Ese cambio conceptual, de tinte nacionalista y populista, habilitó además al BCRA a actuar como banca de fomento. Aparecieron así espacios de manejo discrecional, origen de pérdidas operativas y en los que, además, la entidad responsable de la superintendencia del sistema financiero actuaba en competencia con sus supervisados.
El rol de la banca central ha sido motivo de debate en los ámbitos académicos. Con atendibles razones, algunos se inclinan por negar la conveniencia de su existencia y postulan un sistema de banca libre. En esa versión se admitiría la competencia de monedas, sin la imposición de una única de curso legal y forzoso. No habría un prestamista de última instancia ni posibilidades de emitir para financiar a los gobiernos. En apoyo a esa posición se recuerda que hasta la crisis de 1930 no había prácticamente bancos centrales en el mundo.
Hay otras opiniones, también con buenos fundamentos, que entienden que le cabe a la banca central un rol importante en el manejo de la política monetaria y que contribuye a la estabilidad en la medida en que actúe con independencia y orientada a ese fin. El éxito económico de Perú de los últimos años, como hemos dicho desde estas columnas, debe mucho al respeto por la independencia de su Banco Central, que es presidido por la misma persona, Julio Velarde Flores, desde 2006, cuando Alan García era presidente de ese país.
De hecho, prácticamente todos los países hoy disponen de un banco central o de una institución que sin esa denominación desempeña esas funciones. Los hay en diferentes sistemas políticos y económicos, desde la Reserva Federal de los Estados Unidos hasta el Banco Central de la comunista Corea del Norte. La discusión sobre la existencia o no de un banco central parece haber sido saldada por esta realidad. Lo importante es entonces definir claramente sus funciones y que luego sean respetadas.
La Argentina parece muy lejos de un debate serio sobre el BCRA cuando sus actuales directores se encuentran en comisión, sin acuerdo y sin estabilidad ni protección judicial frente a las medidas que deben tomar.
Adherimos al propósito de concentrarse en un objetivo principal: asegurar la estabilidad de la moneda. Detrás de este fin, la entidad debe estar en condiciones demanejar los resortes de la política monetaria, dentro de los cuales cabe mencionar la tasa de interés y la expansión o retracción de la oferta monetaria en operaciones de mercado abierto. La superintendencia de entidades financieras no necesariamente debe ser una tarea del Banco Central. Lo es en la Argentina desde su creación, en 1935, cuando entonces su capital era mixto. Esa función fue mantenida luego de la estatización total, en 1946, hasta la actualidad. Deberá estudiarse junto al proyecto de la carta orgánica la conveniencia de separar la superintendencia en otra entidad. Sus atribuciones deberían ser equilibradas y acotadas al objetivo de dar seguridad y transparencia, e incentivar la eficiencia de un sistema bancario competitivo.
Resta decir que muy difícilmente un Banco Central pueda cumplir con su principal objetivo si debe operar en el marco de una situación fiscal crónicamente desequilibrada. Todo esfuerzo para abatir la inflación y sanear la moneda encontrará finalmente escollos muy difíciles de superar. Por lo tanto, la iniciativa dereformar la carta orgánica debe ser parte de un programa de reformas que aseguren un sólido y sostenible superávit fiscal que sustente una reducción de la deuda pública. Solo el 2% de los argentinos creen que la responsabilidad sobre la inflación recae en el BCRA