Vivimos en un país caracterizado por una endémica fragilidad institucional que explica recurrentes crisis de gobernabilidad. Nada hace suponer que estemos, al menos por ahora, próximos a un nuevo episodio, pero el entorno político ha cambiado de forma súbita y profunda. Sin embargo, algunos actores políticos, sobre todo dentro del Gobierno, no se han adaptado aún al nuevo escenario. Por el contrario, continúan comportándose como si la reciente crisis cambiaria no hubiese implicado un punto de inflexión en la historia de la administración Macri.

Parecen esos boxeadores que luego de sufrir un duro golpe bailotean en el ring buscando oxígeno como si nada hubiera pasado. Pero el impacto se ha sentido, queda aún un largo round cambiario por delante y es imperiosa una estrategia adecuada para recuperar la iniciativa, pues la pelea por la reducción del déficit fiscal recién está comenzando. Ni hablar del proceso electoral 2019, que parecía resuelto hasta hace unas semanas y hoy está caracterizado por niveles de incertidumbre muy considerables.

La pelea por las tarifas, la votación del Senado y el posterior veto son tres fotos con un mismo origen: remiten a la renuencia por parte del Gobierno a concretar un acuerdo macro de gobernabilidad que incluya pautas concretas en materia de políticas de estabilización y reformas estructurales. La tentación hiperpresidencialista de Cambiemos, o al menos del macrismo puro, derivó en una errónea lectura de las victorias de 2015 y 2017: era posible gobernar con acuerdos contingentes, minimalistas y de limitada importancia. Por no querer aparecer débil y buscar el consenso con la legitimidad y el prestigio intactos, ahora el Gobierno no tiene más opción que lograr un compromiso, pero lo hace desde una posición de fragilidad.

El Gobierno necesita los apoyos necesarios para aprobar el presupuesto 2019 con fuertes recortes: esto implica en la práctica el fin (el fracaso) del gradualismo. En estos días se está negociando con el FMI la profundidad de las medidas de austeridad, pero todo hace suponer que si este año el déficit rondará los 2,5% del PBI, el año próximo debería reducirse al menos a la mitad. Semejante recorte implica un esfuerzo muy superior a las medidas que en su momento propuso Ricardo López Murphy en su breve paso como ministro de Economía de Fernando de la Rúa. Por eso Macri está rápidamente buscando el diálogo con los gobernadores: aunque la mayoría tenga un presupuesto relativamente equilibrado, la Argentina necesita gastar mucho menos, tanto en la administración central como en las provincias y los municipios. Además, es imperioso bajar la carga tributaria para estimular el crecimiento: tenemos múltiples desafíos en materia de competitividad, pero uno de los obstáculos más evidentes es la presión fiscal. Nada de eso puede lograrse sin un consenso que incluya a los gobernadores. Aunque debería involucrar a otros actores económicos, políticos y sociales.

¿Está trabajando el Gobierno en esa dirección? Hasta ahora no parecen haberse dado los pasos necesarios. La reincorporación de los exiliados (Monzó, Frigerio) a la mesa política constituyó un giro más cosmético que real. Y si bien es cierto que Nicolás Dujovne tiene asignada la agria tarea de “ajustador oficial”, no hubo una modificación efectiva en los principales procesos de toma de decisiones. El concepto que impulsaron los gurúes comunicacionales del oficialismo durante la reunión de gabinete ampliado la semana pasada fue “convicción”. Nada indica que exista en Cambiemos algo parecido a un espíritu autocrítico. Como si la tormenta cambiaria hubiese constituido un hecho discreto sin repercusiones relevantes en el equilibrio político real.

Esto puede generar entonces un problema reputacional. ¿Tiene el Gobierno las credenciales adecuadas para buscar un acuerdo? Tantas idas y venidas, tantos amagues nunca concretados pueden generar dudas en los potenciales involucrados. De hecho, los intentos para que el Senado aborte la cuestión tarifaria fueron hechos a destiempo y sin la sutileza necesaria. “Es tarde”, sentenció Miguel Ángel Pichetto cuando la Casa Rosada pretendió forzar la negociación para evitar el costo político del veto presidencial. Cambiemos debe reforzar mucho su músculo político si en efecto pretende concretar un plan de austeridad sustentable y convencer a los mercados de que tiene una política económica seria.

Sin embargo, la debilidad política del Gobierno debe ser puesta en contexto: el presidente aún conserva el apoyo de al menos un tercio de la población, algo de lo que no pueden jactarse muchos de sus colegas de la región. El desgaste limó su imagen, pero aún sigue siendo competitivo en la medida en que los líderes opositores sigan siendo incapaces de capitalizar los cambios de humor social. Más aún, tanto Elisa Carrió como, sobre todo, María Eugenia Vidal siguen teniendo umbrales de imagen positiva muy significativos. Lo mismo ocurre con Rodríguez Larreta en el AMBA. Es notable el caso de la gobernadora de Buenos Aires, que de hecho experimentó una leve mejora en el contexto de la crisis, de acuerdo con un sondeo recientemente realizado por D’Alessio Irol/Berensztein. Matices interesantes de un gobierno que pensaba llegar al proceso electoral de 2019 con una gestión consolidada y reconocida como eficiente. Sobre todo en materia económica, la gestión podrá mostrar muchos menos logros de los esperados.

La ausencia de candidatos competitivos por parte de la oposición es generalmente evaluada como una debilidad. Pero pueden contemplarse otras visiones alternativas. Si en efecto el peronismo ya tuviera una figura instalada, estaría sometido al desgaste de tener que dar respuesta a múltiples cuestiones de coyuntura. Como ocurrió con Sergio Massa desde las elecciones de 2013, picar en punta demasiado pronto puede ser contraproducente. Por el contrario, mantener la incertidumbre y aparecer sobre el final del proceso electoral aprovechando el factor sorpresa puede constituir una estrategia más adecuada, sobre todo dadas las restricciones presupuestarias que imperan en esta etapa en que el sector privado está mayoritariamente apoyando a Cambiemos.

Deben descartarse sin embargo sprints finales como los de Raúl Alfonsín en 1983 o el del mismo Néstor Kirchner dos décadas más tarde. En efecto, el nuevo régimen electoral, incluyendo las PASO, obliga a todos los participantes a mostrar su juego con mucha anticipación. Esto siempre beneficia al “incumbente”, el que está en el ejercicio del poder, pues cuenta con más recursos políticos, institucionales e incluso económicos para torcer al menos en el margen voluntades electorales, como ocurrió la primavera pasada con los “préstamos Argenta”, focalizados en jubilados con prestaciones mínimas y beneficiarios de programas sociales. Esto explicó al menos en parte la mejora de la imagen del Gobierno justo antes de las elecciones, así como su declive cuando esos préstamos implicaron descuentos en los ingresos en un contexto de más inflación de la esperada.

Las prácticas demagógicas cruzan a todo el sistema político, incluyendo al Gobierno. Y las “magias” de corto plazo siempre se desmoronan ante el peso de una realidad atrapada en viejos problemas estructurales.

Por: Sergio Berensztein

Publicado en La Nación el 01/06/2018