Una iniciativa popular reunió más de 100 mil firmas, y diputadas oficialistas impulsan el proyecto. Pero el Gobierno lo rechaza, y la oposición lo ignora.
Junto con la ley de “delación premiada”, fue la llave maestra de la avalancha anticorrupción que desnudó el cosmos de sobornos, contratos públicos amañados y reparto de favores políticos en Brasil, investigados en la megacausa “Lava Jato”: la ley de “ficha limpia”, que en el país vecino impide presentarse como candidatos a quienes tengan una condena penal confirmada en segunda instancia, sepultó las aspiraciones de Lula Da Silva entre otros cientos de políticos de todos los partidos. en apenas unos días, una iniciativa para replicar esa ley en la Argentina sumó 100.000 firmas y la adhesión de legisladores oficialistas y especialistas en transparencia pública. El Gobierno, sin embargo, se resiste a impulsarla.
La “ficha limpia” se impuso en Brasil por iniciativa popular en 2010, gestada mediante millones de firmas y pese a que casi todos los partidos políticos con representación parlamentaria intentaron impedirla. Su efecto cultural fue tan fuerte que, además de dejar fuera de la competencia electoral a los condenados, en los recientes comicios ninguno de los candidatos acusados por corrupción -aún sin la condena que les hubiera impedido presentarse- logró acceder a un cargo o una banca.
Asolada por la impunidad y en medio del escándalo de los cuadernos de las coimas, Argentina discute la posibilidad de replicar la iniciativa. La semana pasada ese impulso tuvo un pico, pues en pocos días una petición que reclama la sanción de la ley de “ficha limpia” reunió 100.000 firmas en https://www.change.org/fichalimpia, y continua sumando. #FichaLimpia se convirtió en trending topic en redes sociales, y una primera encuesta realizada por la consultora D’Alessio/Irol concluyó que un 61% de los argentinos comparte la iniciativa.
En su versión local, la propuesta exige que los condenados por delitos de corrupción, aunque la condena no se encuentre aún firme, no puedan ser candidatos a cargos electorales. Con antecedentes como el de Carlos Menem, que tras 23 años de proceso y una condena por el tráfico ilegal de armas finalmente anulada por prescripción, colocar la vara tras la sentencia de un tribunal oral suena razonable.
“No está en juego el principio de inocencia -que rige en sede penal- sino el derecho de la sociedad a reglamentar las condiciones para ser candidato”, asegura el abogado especialista en ética pública Alejandro Drucaroff. “Lograr que quienes ya tengan una condena de un tribunal colegiado –lo que implica la decisión de tres jueces- por haber delinquido contra el Estado no puedan ser candidatos permitiría también superar la imagen de un sistema político que cuanto menos mira de soslayo la corrupción y de corruptos que se refugian en el privilegio de los fueros parlamentarios”.
Más allá de simpatías o rechazos políticos, existen argumentos jurídicos. Según lo dispusieron dos fallos recientes de la Cámara Federal de La Plata y la Cámara Federal de Casación Penal, en la Argentina los graves delitos dolosos contra el Estado que conlleven enriquecimiento –lo que naturalmente incluye los de corrupción- atentan contra el sistema democrático y deben por ello considerarse imprescriptibles. Recordemos que los procesados –sin necesidad de condena alguna- por delitos de lesa humanidad, también imprescriptibles, no pueden ser candidatos de acuerdo con el artículo 33 de la ley electoral.
Aunque aún no entró en el radar del Congreso, la iniciativa se debatió la semana pasada en una Jornada sobre “Derecho electoral y ética pública”, que desbordó el salón de la Facultad de Derecho de la UBA. Diputadas nacionales, juristas, analistas internacionales y profesores de Derecho coincidieron en que “si se aprueba esta ley, los corruptos van a ir a la cárcel en lugar de ir al Congreso”. Allí expusieron las diputadas nacionales Silvia Lospennato -autora de un proyecto legislativo de “ficha limpia” que tuvo dictamen de Comisión en 2017, aunque no llegó a tratarse en el recinto-, Graciela Ocaña, Paula Oliveto y Marcela Campagnoli; el ex Juez brasileño Marlon Reis (quien impulsó la ley en su país); la profesora María Cristina Girotti y el analista internacional Gustavo Segré.
Ocaña admitió que “con la composición actual del Congreso va a ser difícil que pueda tratarse el proyecto” y pidió que “desde la prensa y la sociedad civil nos ayuden a impulsar la iniciativa”. Para la diputada, además “es importante que como país recuperemos los bienes robados por la corrupción, porque no puede haber prosperidad sino frenamos la corrupción”.
“No alcanza con la idoneidad para ser candidato a un cargo público. Se debe acreditar probidad”, señaló Campagnoli. “Para que podamos combatir en serio la corrupción es necesario que este proyecto de esté acompañado de otros como el de Extinción de Dominio, el de reforma política y la ley de financiamiento de las campañas electorales”, agregó la diputada, quien recibió las 100.000 firmas reunidas hasta ahora.
El proyecto popular propone modificar la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y el Código Nacional Electoral para que quienes fueron condenados en segunda instancia por un delito penal doloso no puedan ser candidatos a cargos electivos nacionales.
Segré, principal impulsor del encuentro junto con el el profesor de Auditoria y Control de los Sistemas de Información Gastón Marra, fue más duro: “hay que buscar que el Congreso nos represente a todos porque la mayoría no somos corruptos”.
Pese a la efervescencia, altas fuentes del Gobierno hicieron saber su rechazo a impulsar la “ficha limpia” para las próximas elecciones. El generoso lote de ex funcionarios kirchneristas bajo proceso o juicio oral por corrupción parece resultar más útil como posible pararrayos electoral que un audaz paso adelante hacia la transparencia. Descartando el parecer de los seguidores de Cristina Kirchner, hasta ahora tampoco se alzaron voces desde el flamante peronismo federal para manifestarse. Aunque esa también puede ser una estruendosa opinión.
Publicado en Clarín en 26/11/2018
