La combinación de inflación con recesión, desempleo y caída del poder adquisitivo en el salario es un problema que aun no encuentra solución por parte de la administración macrista, acerca posiciones en el sindicalismo y argumenta el paro nacional de la CGT.
El tiempo del conflicto social resurge en la Argentina como consecuencia de una gestión que, a lo largo de los últimos tres años, no supo encontrar en el manejo de la economía una fortaleza que sostenga el respaldo otorgado en dos ocasiones por los votos en las urnas.
La impericia para resolver los problemas de lo que Cambiemos denominó como la “pesada herencia recibida” y avanzar con un modelo superador que recupere la senda del crecimiento, terminó por agrupar a los diferentes sectores del sindicalismo en una protesta que, si bien no está exenta de un interés político, contiene una apreciación compartida por la mayor parte de la sociedad, incluyendo al propio Presidente: por cuestiones exógenas y dificultades propias, hoy la economía está en su punto más bajo desde que Mauricio Macri asumió la administración nacional y ese hecho le da marco al paro nacional, aunque una de cada dos personas considere que no es una medida apropiada para este momento, como lo reveló una encuesta de D’Alessio IROL/Berensztein, y el Gobierno advierta la fuerte pérdida que genera para la economía nacional el cese de actividades.
Los representantes de los gremios más poderosos mantuvieron sus diferencias durante los últimos años, trazando una división claramente expuesta entre la conducción de la CGT y el camionero Hugo Moyano. De hecho, aún hoy mientras Moyano se muestra cada vez más cerca de Cristina Kirchner, integrantes del triunviro que conduce la central obrera, como el sanitarista Héctor Daer, aseguran que el peronismo no debe contar con la ex presidenta como representante para las futuras elecciones.
Sin embargo, el escenario de estanflación que ofrece la economía les otorga argumentos comunes para sostener una protesta conjunta. Por un lado, la inflación proyecta una pérdida promedio de 15 puntos en el poder adquisitivo de los salarios que golpea a los trabajadores formales y tiene su correlato en la fuerte caída del consumo. Y por el otro, la recesión afecta al sector productivo y genera la pérdida de puestos de trabajo reflejada por el Indec, una estadística que aún no mostró su peor guarismo. Recién cuando se conozcan los datos del tercer trimestre que está por concluir, podrá observarse el verdadero impacto de la reciente devaluación en el nivel de empleo y, según anticipan los especialistas, la desocupación podría alcanzar las dos cifras. El combo se completa con un aumento de la pobreza, la vara por la cual Macri pidió ser juzgado al término de su mandato.
Hoy, con el jefe de Estado intentando convencer en Estados Unidos a la comunidad internacional, en particular a los inversores, de que lo peor ya pasó y que vuelvan a apostar en el país, la imagen que ofrece la Argentina refleja el reclamo sobre una situación delicada para la que se propone aplicar un ajuste que equilibre las cuentas, con el respaldo del financiamiento del Fondo Monetario Internacional. Pero mientras los gremialistas y representantes de la oposición piden mejorar la atención social, recuperar la industria, el consumo, el salario, las jubilaciones y el empleo, también reclaman bajar la presión impositiva y frenar el endeudamiento que sostiene un gasto creciente del que la economía vivió durante al menos la última década.
Pedidos lógicos para cualquier sociedad, aunque en un país en el que los ingresos no superan a ese gasto, la ecuación presentada parece insostenible. Claro que la obligación de encontrar una respuesta, la tiene el Gobierno. Y en el éxito de esa empresa no solo radica la posibilidad de vaciar la protesta de contenido sino también la de extender un proyecto político que hasta el año pasado parecía garantizado y hoy necesita reforzar sus cimientos.
Publicado en El Cronista el 25/09/2018