La próxima elección presidencial cobra una trascendencia histórica que debieran valorar aquellos que creen que sólo se trata de una estrategia de polarización entre los dos márgenes de la grieta.

A comienzos de septiembre de 2018, para numerosos analistas las elecciones presidenciales de 2019 se definirían en términos de economía versus corrupción.

En agosto, la crisis cambiaria se había transformado en una crisis económica y política; y los arrepentidos de la causa de los cuadernos exfuncionarios y empresarios, sobre todo reconocían, entre otras cuestiones, la cartelización de la obra pública durante la pasada gestión kirchnerista.

El escenario que se vislumbraba era que si la sociedad priorizaba ponerle un límite a la corrupción, aun en medio de una complicada situación económica, Mauricio Macri obtendría otro mandato presidencial. Pero si la sociedad privilegiaba las urgencias económicas y dejaba en un segundo plano las causas por corrupción que acumulaba Cristina Fernández, la figura del peronismo que contara con su apoyo tendría chances de llegar a la Casa Rosada.

Tomando distancia de esa escena, sostuve la hipótesis de que la sociedad evaluaba a la dirigencia política en términos de economía versus economía (Una nueva demanda social, 12 de septiembre de 2018).

Mi razonamiento se basaba en una lectura cualitativa de las encuestas, sobre todo la que Berenstein y DAlessio Irol realizaban mensualmente para este diario: un 49 por ciento de los cordobeses y un 38 por ciento de los argentinos sostenían que dentro de un año su situación económica estaría mejor que entonces, lo que se traducía en una expectativa positiva en el plan económico del Gobierno.

El disgusto con la falta de resultados positivos daba pie al pedido de ciertos cambios en el Gobierno, pero no implicaba un deseo de cambiar de gobierno.

Esa demanda social parece coincidir, ahora, con la oferta electoral. El oficialismo ha cambiado algunas cosas, pero sostiene el rumbo de la economía, cuyos objetivos siguen siendo eliminar el déficit fiscal, contener la emisión monetaria (directa o indirecta), combatir la inflación, reducir los subsidios, abrir la economía, recuperar competitividad, apostar al crecimiento vía inversión privada y sostener la asistencia social para los sectores vulnerables.

 

Dos programas

El acuerdo de libre comercio firmado la semana pasada entre la Unión Europea y el Mercosur, luego de que el presidente Macri destrabara un último conflicto que enfrentaba a Francia con Brasil, reactualiza y potencia todos esos objetivos en el mediano plazo. Para que el acuerdo tenga vigencia, es imprescindible su aprobación en el Congreso. Y como ese debate político girará sobre cada una de las variables que definen la macroeconomía y cuestiones conexas, un resultado positivo aseguraría la estabilidad del esquema emergente en el largo plazo.

Ahora bien mientras los candidatos de Juntos por el Cambio apoyan esa línea, los del Frente de Todos se han opuesto desde el primer día. Ni siquiera se mostraron dispuestos a discutir la letra chica y técnica del acuerdo, algo que llevará su tiempo y donde podrían hacer aportes significativos.

Día negro, dijo Fernando Solanas, candidato a diputado nacional. Tragedia, rotuló Axel Kicillof, exministro de Economía de Cristina Fernández y candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Nada para festejar, concluyó el candidato presidencial Alberto Fernández, quien además lo interpretó como un tratado que condena al país a un modelo exportador de productos primarios y como un nuevo privilegio que Macri les otorga a las potencias extranjeras.

Tan categórico rechazo se vuelve un claro símbolo de la oposición de este sector al programa económico vigente. Su propuesta alternativa, aun con matices propios del momento, recicla el modelo que caracterizó al kirchnerismo hasta 2015: un fuerte intervencionismo del Estado para controlar cada una de las variables económicas, el privilegio del consumo como dinamizador del mercado interno y la reformulación por la negativa de la apertura global de nuestra economía.

En recientes declaraciones, Alberto Fernández no dudó en reivindicar el cepo cambiario como la vía menos dañina para hacer frente a la falta de dólares de nuestra economía, y manifestó que es responsabilidad del Gobierno garantizar el consumo; por lo tanto, en una hipotética presidencia suya, el Estado daría incentivos para hacer crecer la economía y el dólar dejaría de flotar libremente.

En consecuencia, y sin que esto implique desplazar a un segundo plano el grave problema de la corrupción, las dos fórmulas que disputarán la elección presidencial representan visiones opuestas del programa económico y del andamiaje institucional que el país requiere para solucionar sus problemas.

De un lado, la propuesta se parece demasiado a las que, en el pasado, sólo consiguieron acentuar el círculo vicioso de nuestras recurrentes crisis. Del otro, la alternativa es novedosa y no exenta de riesgos; por eso, como dijo el nuevo vocero del oficialismo, el candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto, hace falta explicarla.

Vista así, la próxima elección presidencial cobra una trascendencia histórica que debieran valorar aquellos que creen que sólo se trata de una estrategia de polarización entre los dos márgenes de la grieta.

 

Publicado por La Voz del Interior (Online) el 07/07/2019.