Fue a mediados de la década del ‘70, cuando un grupo de chicos de ropas rotosas y pelos parados escandalizó al mundo y le devolvió un poco de sangre al rock and roll. El punk gritaba que no había futuro y mejor era morir antes de los 25. Cuarenta años después, la mayoría de ellos sigue vivo, se transformó en parte de aquello que odiaba y se preocupa porque a los 25 sus hijos todavía siguen en casa. El Código Civil, el que rige la vida cotidiana de todos nosotros, fue escrito en 1869 cuando los muchachos de antes ni siquiera imaginaban la gomina.
La reforma que impulsa el Gobierno nacional –que será enviada en las próximas semanas al Congreso– intenta ponerlo a tono con un mundo en el que los “indignados” ya no pelean por cambiarlo sino por no quedar afuera. El artículo 663 de este nuevo Código intentará establecer que mientras los hijos sigan estudiando los padres tendrán la obligación de mantenerlos hasta los 25 años (ahora es hasta los 21).
La norma fue pensada para una Argentina en la que todas las edades se han retrasado: los viejos viven más, los embarazos llegan más tarde y los hijos retrasan su partida.
Pero una Argentina en la que también los jóvenes son el blanco dilecto de la desocupación: Según datos del INDEC, mientras que el índice general de desempleo es del 6,7 %, entre las mujeres de menos de 29 años trepa al 16,7 %, y 11,9 % para los hombres. En Capital y GBA, llega casi al 20 %.
“Este artículo se basa en el principio de solidaridad familiar”, explica Nelly Minyersky, abogada de familia y una de las especialistas que participó de la redacción del anteproyecto. Y agrega: “Lo que se busca es continuar la responsabilidad con quien se ha compartido un proyecto de vida. Ese hijo que está estudiando seguramente ha sido impulsado por los padres”.
El espíritu de esta norma, explicaron los juristas que escribieron el texto, es que la ley refleje lo que ocurre con una clase media que suele financiar a sus hijos hasta que terminen los estudios. ¿Pero por qué hace falta una ley? Porque los antecedentes indican que los aportes se cortan cuando los padres están separados y entonces, en la mayoría de los casos, cuando los hijos cumplen 21 la madre es la que termina haciéndose cargo de todos los gastos.
Para redactar este artículo, los juristas se basaron en una infinidad de casos en los que la Justicia ya dictaminó a favor de mantener a los hijos hasta los 25 . El cambio ya genera polémicas.
Para la psiquiatra y psicoanalista Graciela Onofrio, “cada vínculo filial va a definir los límites del amparo económico. No necesitamos un padre más poderoso en épocas de paternidad tardía ; corremos el riesgo de obligar a un padre jubilado a sostener a un hijo adulto sólo por el efecto de una ley . Corremos el riesgo de fabricar hijos adultos “botines de guerra” de relaciones exconyugales disfuncionales”.
María Esther de Palma, de la Sociedad Argentina de Terapia Familiar, coincide: “Yo no estoy de acuerdo. La intención puede ser buena pera la realidad es que la mayoría de los padres separados tiene dificultades para mantener dos casas”.
De acuerdo con un sondeo, de la consultora D’ Alessio IROL, para la mayor parte de los padres una medida así mantendrá a los hijos más tiempo en la etapa de adolescencia.
En el otro extremo, el doctor Andrés Rascovsky, presidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina, es un firme defensor de esta norma: “ Es muy difícil desarrollarse sin el apoyo familiar en una sociedad tan competitiva. Es una sociedad filicida, los jóvenes están desprotegidos, por eso me parece importante el cambio”.
La reforma establece como condición que los hijos vivan con sus padres, que no cuenten con recursos propios y que estén estudiando. Por eso, más allá de los puntos a favor y en contra, lo cierto es que es una norma para público reducido. Desde hace décadas, estudio y trabajo ya no vienen con garantía de inserción social.
Fuente: Clarín
